Una de las periodistas más influyentes de Bolivia, Amalia Pando, denunció esta semana la severidad con la que el Gobierno margina de los avisos comerciales del Estado a la radio católica Erbol por su línea crítica, al punto de poner en riesgo su supervivencia.
"El Gobierno no ha mandado a clausurar Erbol con militares, pero lo está haciendo por la vía de la asfixia económica. Eso no es acoso, esto es una asfixia económica para matar a un medio de comunicación", dijo Pando en entrevista con medios locales.
La informadora, que es una de las periodistas más críticas frente al Gobierno y con gran audiencia radial en el país, anunció su dimisión tras diez años en Erbol para ver si la empresa puede salvar el cuello de su crisis económica, decisión que ha sido lamentada por varios de sus colegas periodistas y analistas.
El de Pando, Premio Rey de España 1992, no es el único caso de un periodista que abandona un medio privado o es cesado por las controversias que causa su información relacionada con la gestión del Gobierno o las propias autoridades.
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo este viernes que le preocupa que los periodistas dejen sus puestos de trabajo "porque sienten que hay una presión desde la instancia de poder a sus medios".
Por su parte la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, que agrupa a la mayoría de los dueños y directores de medios impresos del país hermano, hizo conocer una denuncia parecida en una carta enviada al papa Francisco cuando visitó Bolivia en julio pasado, en la cual denuncia una "sistemática asfixia a los medios independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a generar temor y autocensura y por las constantes agresiones a periodistas".
En cuanto a las ONG´s, han demandado ante el Tribunal Constitucional por nuevas normas que se les han impuesto pero también por amenazas directas.
La organización Human Rights Watch (HRW) hizo conocer el miércoles pasado al Tribunal Constitucional, una opinión jurídica a propósito de una demanda de la Defensoría del Pueblo que cuestiona una ley y un decreto de 2013 porque "otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones no gubernamentales".
En julio pasado, un centenar de ONGs impulsadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), enviaron una carta al papa para hacerle conocer de esas limitaciones, de sus temores de ser cerradas y de que "muchas se han 'silenciado' para mantenerse en pie".
En tanto, Morales dijo que expulsará a las ONG que "perjudiquen" la exploración de recursos naturales en los parques nacionales porque, a su juicio, debe primar el interés económico del país.