11-07-18 |

Drástico ajuste: suspenden bonos e incentivos a estatales y congelan ingresos hasta 2020

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El Gobierno nacional finalmente publicó el decreto que estable un drástico ajuste del gasto del Estado Nacional a través del congelamiento de la planta y recortes de incentivos salariales, entre otros puntos con los que busca avanzar hacia la reducción del déficit al 1,3% del PBI en 2019.

 

 

También elimina los convenios laborales con universidades y recorta 30% gastos de movilidad y viáticos.

 

El recorte había sido anunciado hace algo más de un mes por los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Modernización, Andrés Ibarra, poco antes de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el Gobierno se compromete a formalizar estas medidas.

 

En esa oportunidad, los ministros habían hablado de un recorte de 20 mil millones de pesos, que tendría como base la reducción del 3 por ciento anual (en 2018 y 2019) de la planta de trabajadores del Estado. Esta reducción se alcanzaría con jubilaciones y retiros, sumados claro al congelamiento de los ingresos.

 

En el decreto 632 publicado este martes, la Casa Rosada estableció que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional “no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019”.

 

El texto exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad -excluido el personal civil de esas citadas fuerzas-.

 

Además, el Gobierno dispuso que los convenios laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”. Esto implicaría que a partir del año unos 6 mil contratos quedarían sin efecto, lo que podría avecinar un conflicto para el Gobierno, que ya enfrenta uno similar en Télam por 350 despidos.

 

El decreto también establece que no se podrán instrumentar nuevos beneficios “tales como bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o en especie, hasta el 31 de diciembre de 2019”. El Gobierno acordó el mes pasado con UPCN un aumento del 15% para los empleados estatales y esta disposición pone en riesgo la posibilidad de una reapertura de esa paritaria.

 

Por otro lado, se fijó que deberá aplicarse una disminución del 30% en los pagos por “servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos” de los funcionarios públicos.

 

Asimismo, solo los ministros podrán trasladarse al exterior en “clase ejecutiva” de los aviones, mientras que los funcionarios con rango de secretario sólo podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a 8 horas.

 

El Gobierno, por otra parte, encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) “el relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo, relevado a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”.

 

En el mismo sentido, dispuso: “suspéndanse los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso hasta la finalización del relevamiento”.

 

A partir de este martes, los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Nacional tendrán un plazo de 60 días para remitir a la Jefatura de Gabinete “un proyecto de optimización de su estructura organizativa”.

 

Por último, el Poder Ejecutivo “invitó” al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “adoptar medidas similares a las establecidas en el presente decreto, en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones”.

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